Por: Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

El pasado 3 de junio, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República refirió los temas pendientes[1], olvidándose de las 26 designaciones^[2] que están en vilo desde hace tiempo en dicho órgano legislativo, entre ellas la relativa a las dos personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la cual debió de haberse definido el 31 de marzo pasado, fecha en la que los dos excomisionados Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov concluyeron su periodo.^[3]

Si bien el proceso intentó mejorar e incorporar distintas recomendaciones ciudadanas dentro de la convocatoria y la metodología de evaluación, el retraso en el que se encuentra y la discrecionalidad en esta última etapa pueden echar por la borda los avances registrados. Cabe recordar que apenas la semana pasada se publicó el “Dictamen por el que proponen a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos que, con base en los principios de especialización e idoneidad, reunieron las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de comisionada o comisionad,^[4]  que aprobaron las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia desde el primero de abril.

En dicho dictamen se incluyen –por primera vez– las evaluaciones realizadas por los distintos grupos parlamentarios y el Consejo de Evaluación,^[5] que se creó para una valoración externa y ciudadana de las entrevistas. De las 48 personas participantes, sobresale una lista de trece evaluaciones,^[6] siete mujeres y seis hombres, que a juicio de los grupos parlamentarios son las más sobresalientes, pero que contrasta con los resultados del Consejo (ciudadano) de Evaluación,^[7] ya que solo coinciden en siete de los 13 perfiles.

En un escenario apegado a buenas prácticas en materia de designaciones públicas, la Jucopo transparentaría esta última fase del proceso al hacer públicas sus deliberaciones, realizaría un análisis pormenorizado de las evaluaciones contenidas en el dictamen, citaría a entrevistas a las personas aspirantes con los puntajes más altos y en las que coinciden tanto los grupos parlamentarios como el Consejo –ciudadano– de Evaluación y designaría a los mejores perfiles para esta alta responsabilidad. Es decir, tendríamos una designación acorde con estándares de transparencia, participación, rendición de cuentas e idoneidad. En ese escenario no estaríamos en espera de cuándo convocan a un periodo extraordinario para resolver el tema, ni mucho menos que designen perfiles cuestionables.

Sin embargo, como sociedad no merecemos vivir en vilo ante decisiones cruciales que impactan el ejercicio de nuestros derechos –como lo son el acceso a la información y la protección de datos personales– por el contrario, tenemos el derecho al buen Gobierno y eso comprende las decisiones relacionadas con quién(es) es designada o designado a una alta responsabilidad pública. Por eso, necesitamos cambiar las reglas que regulan las designaciones públicas y avanzar en una política pública en la materia que permita dar certeza jurídica, confianza ciudadana y legitimidad a estas decisiones.

#SinCuotasNiCuates

#PerfilesIdóneosYa

* Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones).

[1] Ver: https://twitter.com/senadomexicano/status/1532789191570079750?s=21&t=QuAZT-rblwK-WaMZJxmO-A

^[2] Una numeralia de éstas, se puede consultar en:

https://twitter.com/designaciones/status/1521199674916548609?s=21&t=QuAZT-rblwK-WaMZJxmO-A

^[3] El Consejo Consultivo del INAI recomendó publicar los expedientes relativos a su decisión de nombrar a los excomisionados como nuevos secretarios ejecutivos del Instituto. Ver: https://twitter.com/ConsejoConINAI/status/1522607350988738560?s=20&t=Q2t-oPUoU1pHOgpnGxjJbg

^[4] En:

https://comisiones.senado.gob.mx/justicia/docs/nombramientosLXV/NCINTAIPDP2022/1_dictamen.pdf

^[5] El Consejo de Evaluación está compuesto por la Universidad Iberoamericana; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la Universidad de Guadalajara; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, conformado por: Artículo 19; Causa Natura; Contraloría Ciudadana; Equis Justicia para las mujeres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; GESOC;  Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano para la Competitividad; México Evalúa; Observatorio Nacional Ciudadano; Social TIC y Transparencia Mexicana. Esta es la tercera ocasión que se instala un mecanismo de esta naturaleza; el primero fue en 2014 y el segundo en 2017, destacando que en 2014 tuvo un carácter vinculante.

^[6] Integrada por: Ana Yadira Alarcón Márquez, Josefina Buxadé Castelán, Zulema Martínez Sánchez, Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, María de los Ángeles Guzmán García, Marina Alicia San Martín Rebolloso, María Solagne Maqueo Ramírez, Hertino Avilés Alvabera, Miguel Castillo Martínez, Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega, Ricardo Salgado Perrilliat y Julio César Bonilla Gutiérrez.

^[7] La lista del Consejo puede consultarse en: https://twitter.com/GobAbierto_MX/status/1519467200045891584?s=20&t=sXzNE43lr92vHSxwciKhhw

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